Enmienda al Impuesto sobre la Propiedad 3

Una propiedad de residencia familiar es la residencia principal del propietario que califica para la exención de residencia familiar de Florida y los beneficios "Salvemos Nuestros Hogares". En general, las casas de vacaciones, las propiedades en alquiler y las propiedades de inversión no califican.

La exención de residencia familiar actual generalmente es de $50,000; la enmienda propuesta aumentaría la exención de residencia familiar de los $50,000 habituales a $250,000 en un período de dos años. También exigiría que la Legislatura de Florida cree un cronograma para eliminar completamente los impuestos a la propiedad no escolares sobre las propiedades de residencia familiar.

Si bien la propuesta reduciría los impuestos a la propiedad para los propietarios elegibles, también reduciría significativamente una fuente importante de fondos para los servicios del gobierno local. Los residentes seguirían obteniendo el mismo nivel de servicio, pero el Condado de Orange tendría menos recursos disponibles para satisfacer la demanda cada vez mayor de seguridad pública, infraestructura y otros servicios esenciales.

El Condado de Orange calcula que la enmienda reduciría los ingresos por impuestos a la propiedad del Condado en aproximadamente $165 millones en 2027 y $275 millones en 2028. Estas reducciones proyectadas afectarían la capacidad del Condado de financiar servicios, mantener la infraestructura y cubrir las necesidades de una comunidad cada vez más grande.

Los impuestos a la propiedad financian servicios que utilizan los residentes todos los días, como la seguridad pública, las carreteras, los parques, las bibliotecas, la infraestructura de aguas pluviales y los programas ambientales. Las reducciones en los ingresos de esta magnitud podrían requerir la toma de decisiones difíciles con respecto a los niveles de servicio, los proyectos capitales y las futuras inversiones.

La seguridad pública representa una de las partidas de presupuesto más importante del Condado de Orange. Si bien no se han tomado decisiones, una reducción significativa en los ingresos podría hacer que sea más difícil mantener los niveles de personal, ampliar los servicios para seguir el ritmo de crecimiento de la población e invertir en necesidades de seguridad pública en el futuro.

La propuesta no solo alcanzaría a los propietarios de viviendas. Los inquilinos, los comercios y los visitantes también utilizan los servicios y la infraestructura del Condado. Como las propiedades comerciales y en alquiler no recibirían el mismo beneficio, los propietarios podrían enfrentar mayores cargas impositivas que se podrían transferir a los inquilinos con alquileres más elevados.

Los gobiernos locales tienen una autoridad limitada según la ley de Florida para crear nuevos impuestos o aumentar los ingresos existentes. Actualmente, no existe ninguna fuente de ingresos disponible que pudiera reemplazar en su totalidad una pérdida de esta magnitud, lo que significa que los líderes del Condado probablemente tengan que considerar una combinación de reducciones de gastos, cargos y otras opciones de ingresos autorizadas por ley.

La legislación que ahora se encuentra en revisión no incluye una fuente recurrente de fondos estatales que sean suficientes para compensar las pérdidas de ingresos proyectadas a largo plazo del Condado de Orange. Por lo tanto, los gobiernos locales seguirían siendo responsables de afrontar los déficits presupuestarios resultantes.

Sí. La exención propuesta solo aplica a los impuestos a la propiedad no escolares. Para muchos propietarios, los impuestos escolares representan la porción más importante de la factura de impuestos a la propiedad anual. Incluso con una exención de residencia familiar, la mayoría de los propietarios seguiría recibiendo una factura de impuestos a la propiedad y estando sujeto a los mismos requisitos de recaudación.

No. La intención del Gobierno del Condado de Orange es proporcionar datos precisos para que los residentes puedan tomar decisiones informadas. La ley estatal prohíbe que los gobiernos locales usen recursos públicos para hacer campaña a favor o en contra de una medida sometida a votación. Sin embargo, los funcionarios electos pueden expresar sus puntos de vista personales.